¿Un empuje o una nueva dilación a la ley de partidos?

La designación de una comisión especial de 15 diputados para estudiar las propuestas de ley de partidos y agrupaciones políticas en un momento en que la presión social, para que el proyecto sea aprobado, se ha elevado a la máxima potencia.

La decisión genera confusión en cuanto a si el objetivo es darle el impulso que le ha faltado o si, por el contrario, busca retrasarlo al “echar por tierra” el trabajo de la comisión bicameral que estudió 11 propuestas por un período de casi dos años.

Los 23 comisionados ya habían consensuado el informe final y el proyecto estaba en el departamento de corrección de la Cámara de Diputados para los toques finales.

Ninguno de los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados objetó la propuesta y hasta el momento no se han pronunciado sobre esa medida que fue acogida con el apoyo de todas las bancadas.

El presidente de la Cámara de Diputados y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, al nombrar a los nuevos comisionados se limitó a decir que “pronto habrá resultados”.

A excepción de esa afirmación no se palpa en qué aportaría comenzar de cero para la pronto aprobación de la ley que lleva más de 14 años en discusión.

“Lo importante para la democracia es buscar y aprobar una ley de partidos políticos que real y efectivamente institucionalice nuestra democracia a lo interno de los partidos y que no sea por coyunturas del momento”, expresó Martínez.

En la práctica, la acción da la impresión de que esa decisión podría dilatar la aprobación de la demandada ley. Por ejemplo, al no ser producto del consenso de los legisladores de ambas cámaras, cuando llegue al Senado podría ser devuelta como ha sucedido con otras iniciativas y eso extendería el debate.

El voceo de los diputados del PLD, Rubén Maldonado, sostuvo que la ley de partidos no puede ser el producto de la inquisición de la sociedad civil y la presión social.

“El proyecto de ley de partidos políticos no puede ser fruto de la presión social ni de la Junta Central Electoral, debe analizarse y ser consensuado dándole los meses que necesita para que se pueda contar con este instrumento para las alecciones del 2016”, declaró.