El gobierno transa con los acusados del escandaloso robo al Estado en Bahía de las Águilas.

61 El fraude inmobiliario más grande que se haya cometido nunca jamás contra el Estado dominicano, el antológico de Bahía de las Águilas, parece a punto de concluir por una vía hasta ahora insospechada: un acuerdo transaccional con quienes, desde hace poco más de quince años, figuran en el escandaloso expediente penal.

El desistimiento, de por si controversial, tiene como condición la entrega del 55 % de los recursos que produzca la venta de los terrenos a sus “propietarios” que, consta en el acuerdo, deberán constituir un fideicomiso mediante la cesión a una entidad fiduciaria de “los derechos de los que son titulares”.

El pasado 15 de enero el presidente Danilo Medina otorgó un poder especial –numerado 7-13— al consultor jurídico César Pina Toribio para que a nombre y en representación del Estado y del Instituto Agrario Dominicano suscriba el acuerdo con quienes “poseen derechos registrados” sobre los terrenos en que se divide la parcela 215-A del Distrito Catastral 3, de Enriquillo, Pedernales.

En 1997, cuando Jaime Rodríguez Guzmán, exdirector del IAD, Reyna Margarita Martínez, Rafael Antonio Rodríguez Guzmán, el dirigente reformista Puro Pichardo Hernández y el comerciante de Pedernales Moisés Fernando Rodríguez de Marchena fueron detenidos bajo los cargos de prevaricación, asociación de malhechores y violación de propiedad, la fallecida abogada Piky Lora, quien instrumentó y documentó el fraude, aseguró tajante que los terrenos ahora transados por Medina eran propiedad única del Estado. En la mano tenía para demostrarlo el certificado expedido por el registrador de títulos de San Cristóbal en 1953.

“En el Acuerdo Transaccional, las partes pactan y convienen viabilizar un esquema bajo el amparo de la Ley No. 189-11, del 16 de julio de 2011, que solucione la litis sobre terreno registrado existente en las parcelas citadas, y que permita lograr el desarrollo del Polo Turístico IV Ampliado de la Región Suroeste, liberando dichos inmuebles de las restricciones u obstáculos legales que pudiesen impedir o limitar la consecución de estos objetivos”, plantea el poder especial otorgado a Pina Toribio.

En los hechos, el acuerdo propuesto reconoce la validez de unos títulos que los tribunales aún no han decidido, pese a los años transcurridos desde que estallara el escándalo.

En su párrafo quinto del poder especial emitido por el presidente Medina, el Estado y el IAD hacen expresa renuncia a continuar con la demanda sobre los terrenos y, “en consecuencia, dejan sin ningún valor ni efecto jurídico dicha demanda” y, asimismo, “las oposiciones al traspaso de los derechos de propiedad, anotaciones o gravámenes que afecten las mismas”.

A cambio, los beneficiados con esta decisión se comprometen a acatar “la condición sine qua non de que los referidos inmuebles y derechos de propiedad sobre los mismos sean constituidos en un fideicomiso” del que el Estado y el IAD serán beneficiarios del 55 % de los beneficios que ingresen al patrimonio común, “por concepto de indemnización por el desistimiento a su interés en la referida litis”. El dinero, añade el documento, será utilizado en “planes de desarrollo y obras de infraestructura de la Región Suroeste del país (…)”.

La tasación y administración de los terrenos y la búsqueda de inversionistas en “el proyecto de desarrollo” que se decida ejecutar en el lugar, correrá a cargo de la institución fiduciaria elegida por los “propietarios”.

Un poco de historia

En 1990 desembarcó en Pedernales el médico Moisés Marchena. Venía huyendo de los Estados Unidos donde habría defraudado al Medicare, caso por el que fue citado por las autoridades federales. En el país encontró inmediato respaldo: se alegó que tenía cuentas pendientes con la justicia dominicana.

En poco tiempo, Marchena se convirtió en el paternal dueño de Pedernales. Compró propiedades a diestra y siniestra, levantó edificios, pensionó ancianos y, en el colmo de su generosidad, instaló un sistema de televisión por cable gratuito.

Un artículo publicado por la desaparecida revista Ahora, habla de su asociación con el entonces senador reformista Antonio Féliz Pérez para comprar terrenos en Bahía de las Águilas. Muchos fueron “adquiridos” a nombre de terceros, miembros del Partido Reformista Social Cristiano.

Para lograr sus propósitos de “desarrollar” turísticamente a Bahía de las Águilas, gestionaron, aunque sin conseguirlo, sacar las tierras “compradas” de los dominios del Parque Nacional Jaragua, que es área protegida.

Lo que Marchena y Féliz Pérez no lograron entonces, estuvo a punto de concretarse durante el gobierno de Hipólito Mejía, que el 23 de febrero de 2001 emitió el decreto número 273-01 declarando de “utilidad pública e interés social” los terrenos y playas que van desde la Laguna de Oviedo hasta la playa de Pedernales para destinarlos al desarrollo turístico.

Un reportaje de Panky Corcino publicado en el semanario Clave en marzo de 2009 habla de las numerosas conspiraciones oficiales para sacar a Bahía de las Águilas de la zona protegida del parque. Cita al respecto que el proyecto de Ley de Áreas Protegida aprobado durante el gobierno de Mejía contemplaba inicialmente dejar fuera del Parque Jaragua 53.5 kilómetros cuadrados de playas, incluyendo Bahía de Las Águilas, y pasarlos a la categoría de “Área Nacional de Recreo”.

El 13 de agosto de 2004, cuando ya casi tenía los pies fuera de su despacho, el entonces procurador Víctor Céspedes firmó un “Auto de desistimiento” que envió al Tribunal de Tierras y ordenó devolver los originales de los certificados de títulos a los involucrados en el expediente delictivo.

“A su llegada a la Procuraduría General en agosto de 2004”, escribe Corcino, “el actual senador Francisco Domínguez Brito, pidió a la Suprema revertir la medida de su predecesor, Céspedes Martínez”.