Más de 20 mil productos se venden sin el registro sanitario

La Fundación Prensa y Derecho aseguró que Salud Pública está obligada a vigilar la calidad de los productos que se comercializan.El abogado Namphi Rodríguez, presidente de Prensa y Derecho, anunció que esa entidad elevará un recurso de amparo contra el Ministerio de Salud Pública por falta de etiquetado y registro sanitario en medicamentos y alimentos.

De acuerdo con Rodríguez, esa fundación realizó una investigación denominada “Situación de los Consumidores Dominicanos Respecto del Derecho a la Información y el Deber de Seguridad en Productos Alimenticios y Farmacológicos”, determinando que más de 20 mil productos farmacológicos y alimenticios se comercializan en el mercado dominicano sin registro sanitario, a lo que se agrega la falta de seguridad que representa la falta de etiquetado en español con información sobre componentes de fabricación, plazos de vencimientos y situaciones de peligrosidad.

A su juicio, “esa situación está exponiendo a la ciudadanía a riesgos invaluables por la alteración de productos de todo tipo, lo que ha motivado que Prensa y Derecho haya emplazado en dos ocasiones a Salud Pública a cumplir con las leyes General de Salud y de Protección de los Derechos de los Consumidores, sin que hasta el momento se reciba ninguna respuesta”.

Reveló que han recibido denuncias de asociaciones de productores agropecuarios que se quejan de que las alteraciones y manipulaciones industriales en los productos de ese sector los hacen menos eficaces, por lo cual tienen que adquirir dos o tres veces el mismo producto para conseguir el fin buscado.

El abogado Namphi Rodríguez puntualizó que las leyes General de Salud y de Protección a los Derechos de los Consumidores y Usuarios delegan en el Ministerio de Salud y en Pro Consumidor el deber de regular los bienes comestibles y de salud.

Ley prevé penas por daños por falta de información

Rodríguez sostuvo que la Ley 42-01 otorga potestades sancionadoras a Salud Pública y a Pro Consumidor para decomisar los productos que no cumplan con el registro y el etiquetado en español, así como la imposición de multas de hasta 10 salarios y habilita la vía penal para aquellos comerciantes que causen daños a los consumidores por falta de información suficiente.