R.D. el pais de latinoamerica y el caribe con mas apagones.
De 31 países de América Latina y el Caribe -no se incluye a Haití-, la República Dominicana es la nación que registra más apagones energéticos. Cuando en un mes típico se ha producido en la región un promedio de 2.5 cortes de electricidad y en el mundo siete, en el país han ocurrido 17.7.
El territorio que le sigue es Guyana, pero dista del promedio dominicano, ya que registra un promedio de 8.4 cortes al mes.
Así lo compara un informe del Banco Mundial, para cuyo trabajo de campo se encuestaron 360 empresas locales, entre marzo y septiembre de 2011, las que reportaron que, de un listado de 15 obstáculos para hacer negocios en República Dominicana, el problema eléctrico es el principal. En segundo lugar situaron el ambiente impositivo y el tercero la corrupción.
Las informaciones aportadas por las empresas determinaron que el informe arrojara que cuando en países de América Latina y el Caribe suele ocurrir un corte de energía eléctrica, el promedio de duración de la suspensión del servicio es 2.5 horas y en República Dominicana es de 4.5 horas.
En cada país varió el número de negocios tomados como muestra.
Impacto económico
De las 360 empresas encuestadas, un 49% dijo que necesita un generador alterno de electricidad, cuando el promedio en América Latina y el Caribe es de 28.1% y a nivel mundial es 32.5%. Sin embargo, Bahamas, Jamaica, San Kitts y Nevis, Suriname y Granada tienen porcentajes más altos en este renglón.
Estos negocios dominicanas, distribuidos en 122 manufactureros, 117 de ventas al por menor y 121 de otros servicios, promediaron las pérdidas anuales en ventas en un 4.4% en caso de haber cortes de electricidad, un porcentaje superior a los 2,8% de América Latina y el Caribe, pero inferior al 5% mundial.
El problema energético en la República Dominicana se ha mantenido por décadas, pese a los planes de privatización y capitalización llevados a cabo por las autoridades en 1998.
Intereses económicos y políticos también son indicados por sectores como obstáculos para el mejoramiento del sistema.
Las deudas también lo arropan. Según la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), la deuda con los generadores es de US$708,170,899.12, al 18 de enero.
A finales del año pasado, el presidente Danilo Medina culpó al Fondo Monetario Internacional (FMI) de ser el "responsable fundamental" de la crisis financiera que afecta al sector eléctrico, y criticó que los técnicos de ese organismo multilateral crean que el problema se resuelve con subir más la cobranza, recortar las pérdidas técnicas y disminuir el robo.
El director de la Comisión Nacional de Energía, Enrique Ramírez, asegura que el gobierno está trabajando para mejorar el sistema, y puso como ejemplo que hoy se inaugurará la segunda etapa del parque eólico Los Cocos que, con la instalación de 26 turbinas adicionales, generará 52 megavatios que se sumarán a los 25 megavatios que producen los 14 aerogeneradores de la primera etapa.
El gobierno también tiene en carpeta la construcción de dos plantas de energía a base de carbón, de 300 megavatios, a un costo de US$1,200 millones.
Empresarios exigen se firme el pacto eléctrico
El presidente Danilo Medina asegura que la solución al problema energético viene dada con la firma de un pacto eléctrico. Así también lo afirman los empresarios, pero el optimismo de estos hombres y mujeres de negocios se torna escéptico, cuando calculan que el 26 de enero pasado se cumplió el plazo de un año para firmar ese pacto, según se consignó en la Estrategia Nacional de Desarrollo.
"Ese pacto debe ser convocado lo antes posible", exigió ayer Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales de la República Dominicana.
La receta de los empresarios es que el gobierno debe trabajar en la reducción de las pérdidas en la distribución, en la inversión en generación para el año 2016 - cuando se venzan los contratos del Acuerdo de Madrid- y mejorar la institucionalidad.
Pero antes que esto ocurra, Almánzar manifiesta que a los empresarios les preocupa que por la falta de inversión en la capacidad instalada no haya suficiente energía para los usuarios no regulados que compran energía directamente a las generadoras y no a las distribuidoras, amparados en la Ley de Electricidad.